PLEBISCITO DE TACNA Y ARICA

PLEBISCITO DE TACNA Y ARICA

El 4 de marzo de 1925 el presidente de los EEUU, Calvin Coolidge, que era el árbitro nombrado conjuntamente por Chile y Perú, emitió su fallo, ordenando llevar adelante el plebiscito sobre el destino de Tacna y Arica. Estas provincias habían quedado en manos de Chile por diez años, a raíz del Tratado de Ancón, que en 1883 selló la derrota nacional en la Guerra del Pacífico. El plebiscito se debía haber realizado hacía mucho, pero Chile lo había impedido. Mientras tanto, practicaba una política de “chilenización”, que significaba hostilidad contra las familias peruanas y subvenciones a las chilenas que se asentaran en el territorio.

Por ello el Perú había alegado que, pasados 40 años, el plebiscito era impracticable y que Chile debía devolver ambas provincias. Así, el fallo de Coolidge fue considerado una derrota, pero el gobierno peruano no se amilanó. Decidió enviar una delegación a Arica y encarar el nuevo contexto. Los EEUU nombraron al general Pershing, uno de los vencedores de la I Guerra Mundial, como su representante para ejecutar el plebiscito. Una vez en el terreno, iba a constatar los abusos practicados por las autoridades chilenas; como consecuencia, su parecer se inclinaría hacia la postura del Perú.

En marzo del año siguiente, la delegación peruana se instaló en Arica, para lo cual propició un desfile de la bandera, llevada sobre todo por las mujeres peruanas. La manifestación fue multitudinaria y recibió una fuerte hostilidad de la población chilena. Pero las plebiscitarias mujeres fueron la vanguardia y supieron defender el pabellón, entre ellas destacó la señora Cristina Vildoso.

En esos días, Tacna y Arica fueron escenario de constantes batallas callejeras y además de golpes, llovieron piedras, barro, orines sobre los peruanos. En medio de ese clima, los delgados norteamericanos plantearon condiciones democráticas para elaborar un padrón de votantes y desarrollar el plebiscito. El Perú apoyó a Pershing y Chile se opuso. Por ello, poco después, el representante de los EEUU se retiró dándole la razón al Perú, en el sentido de que el plebiscito era impracticable por la actitud de Chile.

Fue una victoria moral, pero carecía de correlato político. En efecto, Chile estaba en posesión del territorio y no daba muestras de ceder. Por su parte, los EEUU no se comprometieron con la decisión de su delegado y más bien empezaron a plantear la partición del territorio. Después de muchas vueltas, el presidente Augusto B. Leguía aceptó esa fórmula que se tradujo en el Tratado de Lima de 1929, por el cual Tacna volvió al Perú y cedimos Arica a perpetuidad. En un protocolo complementario se estableció la famosa cláusula por la cual Chile no puede cederle a Bolivia un territorio que haya sido de la Arica peruana sin nuestro consentimiento.

¿Por qué aceptó Leguía? Jorge Basadre recuerda que básicamente pensó que nada teníamos y que el paso del tiempo llevaba a perderlo todo. Luego, porque carecíamos de fuerza para inclinar la situación. Combatíamos con el peso de los tratados y la resistencia del pueblo, pero las armas estaban del otro lado. En esas circunstancias, Leguía pensó en forma pragmática que mejor era ganar una parte que perder el conjunto.

La historia peruana ha asumido este tratado como una solución razonable. Cabe la pregunta sobre Chile. ¿Por qué aceptó devolver un territorio que había ganado por las armas? Su razonamiento fue simple, para conservar eternamente lo obtenido en la guerra tenía que devolver parte de lo arrebatado al Perú. Lo importante es que retrocedió de buen grado. De cara a La Haya, es falso sostener que nunca ha cedido y que irá a la guerra si le toca perder algo por decisión de ese Alto Tribunal. 

 

CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS

El costo del conflicto en vidas humanas fue alto, sobre todo en lo que se refiere a pérdidas de vidas civiles. Un conteo hace calcular que las bajas estuvieron entre los 14.000 y 23.000 muertos, entre civiles y militares, a lo largo de la guerra.
La guerra concluyó oficialmente el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual el Departamento de Tarapacá pasó a manos chilenas permanentemente y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo administración chilena por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito decidiría si quedaban bajo soberanía de Chile, o si volvían al Perú.
A la firma de este tratado, el Departamento de Tacna contaba con tres provincias: Tacna, Arica y Tarata. En 1885, dos años después del tratado, Chile ocupó la provincia de Tarata, la cual fue devuelta al Perú el 1 de septiembre de 1925 por resolución del árbitro Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos.
El plebiscito previsto en el Tratado de Ancón nunca se llevó a cabo y no fue hasta 1929 que se firmó el Tratado de Lima, que contó con la mediación de Estados Unidos, que decidió que gran parte de la provincia de Tacna fuese devuelta al Perú mientras que Arica y el resto quedara definitivamente en manos de Chile.
El Estado de Chile pudo iniciar un proceso de chilenización dirigido a la población de Tacna, Arica y Tarapacá, interviniendo en las organizaciones privadas y públicas de la zona. A inicios del siglo XX, la chilenización se hizo más intensiva y compulsiva, llegando a puntos exacerbados hacia el primer centenario de la Independencia de Chile, por la actividad de ciertos grupos de población civil chilena, de naturaleza nacionalista, que comenzaron la creación de "ligas patrióticas" con la finalidad de desaparecer los rasgos peruanos de los territorios de Tacna, Tarata, Arica y Tarapacá.
La paz entre Chile y Bolivia fue firmada en 1904. Sin embargo, el tratado de paz entre ambas naciones, en el cual Bolivia definitivamente reconocía la permanente soberanía chilena sobre el territorio previamente en disputa, ha sido origen constante de tensiones diplomáticas entre ambos países durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI, debido a que Bolivia perdió toda posibilidad de salida soberana al océano Pacífico.
Tras su victoria, Chile tomó posesión no sólo de una importante extensión territorial, sino también de enormes depósitos salitreros, guaneros y de cupríferos. Éstos fueron adquiridos mayoritariamente por capitales británicos, por medio de la compra de bonos desvalorizados emitidos antes del conflicto por Perú y adquiridos a bajos precios con préstamos de bancos chilenos, que los hacían dueños de las salitreras. Esto ha llevado a parte de la historiografía moderna a ver a los ingleses como instigadores ocultos de la guerra, sin pruebas concluyentes a decir de la historiografía chilena. Algunos historiadores creen ver en algunas publicaciones de la época, inglesas y europeas en general, por ejemplo la editorial del diario británico "The Bullonist", aparecida en 1879, como pruebas del apoyo a las aspiraciones chilenas. Por el contrario, otros estiman que estas publicaciones se deben más bien al clima electoral existente en Inglaterra y a la ardua disputa entre el Primer Ministro Benjamin Disraeli, partidario de intervenir, y el liberal político británico William Gladstone, contrario a la intervención.
El salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile hasta el descubrimiento del salitre sintético por los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial.
Después de la ocupación chilena de Lima en 1881, el gobierno argentino ordenó alistar el ejército, la compra de un blindado, de material de guerra y la construcción de un línea férrea hasta los Andes como vía de abastecimiento. Con ello ambos países se colocaron al borde de una guerra, aceptando la mediación del gobierno estadounidense. El 22 de octubre de 1881, se canjearon en Santiago las ratificaciones del Tratado de límites entre Chile y Argentina, un acuerdo con el que se definieron con precisión los límites preexistentes entre la Argentina y Chile en la región patagónica. Con este tratado, se entendía en Chile que Argentina se comprometía tácitamente a la neutralidad en la guerra que se libraba en el Pacífico y que no firmaría el Tratado de Alianza Defensiva Perú–Bolivia.
En 1883, Chile quedó en posesión de la Puna de Atacama de 75.000 km², que hasta entonces había pertenecido a Bolivia y la consideró de su propiedad después del Tratado de Tregua de 1884. Sin embargo, diversos tratados y mediaciones entre Bolivia, Argentina y Chile concluyeron en 1889, cuando Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija y Chichas reconociéndolas como territorio de Bolivia, y en 1899, cuando 64.000 km² de la Puna de Atacama quedaron para la Argentina y 11.000 km² para Chile.

CRISIS E INICIO DEL CONFLICTO

CRISIS E INICIO DEL CONFLICTO

En 1878, el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres de Antofagasta aún no estaba vigente porque, de acuerdo con la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición de que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.

Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado.

Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia. Ley de 14 de febrero de 1878

En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.

A lo largo de los meses subsiguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre, el canciller Alejandro Fierro envió una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. El 17 de noviembre, el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que aplicara la ley del impuesto para iniciar las obras de reconstrucción de Antofagasta. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875, este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta. El 6 de febrero, ante las protestas por parte de la Compañía de Salitres por la ley del impuesto y dado que el contrato no había cumplido con los trámites para declararlo, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. El prefecto Zapata ordenó rematar sus bienes para cobrar los impuestos generados desde febrero de 1878.

En Chile, la decisión de impedir el remate se tomó la mañana del 11 de febrero, cuando, en una sesión especial del gabinete chileno, se recibió un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia "Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras de la compañía". Este gatilló la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se realizó el 14 de febrero de 1879, ocupando tropas chilenas el litoral boliviano hasta el paralelo 23. El 14 de febrero, el día del remate, tres naves chilenas desembarcaron en Antofagasta, Mejillones, Cobija y Caracoles reinvindicándose estos territorios. El 16 de febrero, llegó a Lima el ministro boliviano Serapio Reyes a fin de exigirle al gobierno peruano que cumpliera con el tratado de alianza defensiva de 1873. 

El 27 de febrero, Hilarión Daza decretó el estado de sitio en Bolivia.

Gracias a los archivos de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se sabe que en Chile no existía interés en ir a la guerra por salvar a la compañía, a pesar de que muchos políticos y ministros importantes eran accionistas minoritarios de la compañía^{[cita requerida]}. Sin embargo, la decisión sería otra en el caso de que se remataran efectivamente las salitreras, lo que, según la visión del presidente de Chile Aníbal Pinto, supondría la violación efectiva del tratado.

El Perú, que había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia de carácter secreto en 1873 y al que Argentina no se había adherido, trató de persuadir al gobierno de La Paz para someterse a un arbitraje con la misión Quiñones, figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, toda vez que se trataba de un "problema tributario" y no territorial. El gobierno peruano, para mediar en el conflicto, envió a su ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle a Chile; la misión del diplomático fracasó. El canciller chileno Alejandro Fierro preguntó al plenipotenciario peruano sobre la existencia de un "Tratado Secreto" firmado con Bolivia en 1873. Lavalle no tenía instrucciones sobre ello y le indicó que en la comisión diplomática del congreso a la que él pertenecía no se había tocado ese tema. En Lima el 20 de marzo, el presidente peruano le expuso al representante chileno Godoy que el tratado existía y que convocaría al congreso peruano para evaluar qué actitud tomar ante Chile y Bolivia.

El 1 de marzo, el gobierno de Bolivia declaró cortado todo comercio con Chile, asumiendo que hay un estado de guerra. El 15 de marzo, Chile inició preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello, el 23 de marzo, tuvo lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú.

La revisión y análisis del tratado de 1873 entre Perú y Bolivia, lleva a historiadores peruanos a la conclusión de que el Perú tenía la opción de decidir si este tratado estaba vigente, ya que Bolivia había firmado uno de límites con Chile en 1874 sin consultar al Perú, o si la agresión a Bolivia era real o si el asunto merecía un arbitraje. Esta misma interpretación dice que, a raíz de la penetración de tropas chilenas en territorio boliviano y el poco interés del gobierno de Chile en "una salida diplomática" y a la declaratoria de guerra que le hace el gobierno chileno el 5 de abril, Perú se sintió ligado a Bolivia por el tratado recíproco de defensa y entró, asimismo, en la contienda, declarando el casus foederis( es una expresión latina que significa "motivo de la alianza". En la terminología diplomática, describe la situación en la cual entrarán en juego los miembros de una alianza (por ejemplo, "cuando una nación sea atacada por otra").

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En cambio, la historiografía chilena afirma que el pacto es defensivo en la forma, pero ofensivo en el fondo, por lo que considera la mediación de Perú después de la toma de Antofagasta como una forma de ganar tiempo, mientras se realizaban preparativos de guerra. Además declara un motivo de más largo alcance para que la guerra terminara en un conflicto entre Chile y Perú, que sería, según esta visión, una enemistad que tendría raíces en la época colonial, exacerbada en la independencia y en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.

Por otra parte, la historiografía peruana afirma que la relaciones coloniales eran de cooperación y comercio entre los puertos del Callao y Valparaíso. Después de proclamada la Independencia, ambos gobiernos suscribieron un tratado de Liga, Alianza y Confederación el 23 de diciembre de 1822, que establecía principalmente una alianza militar entre el Perú y Chile, el cual se complementó el 26 de abril de 1823 con un tratado de Auxilios, que reglamentaba el financiamiento de la campaña libertadora y aunque posteriormente el gobierno peruano no reconoció dicha deuda, en 1839, con la derrota de la Confederación, el Perú pagó a Chile la deuda contraída por el servicio prestado por el ejército chileno en la campaña restauradora y la independencia, así como reconoció las acciones de los oficiales de Chile otorgándoles premios y condecoraciones del ejército del Perú por reunificar el Perú y derrotar a Santa Cruz reconociendo a Chile como aliado del Perú. Esta alianza volvería a fortalecerse en 1866 durante la Guerra Hispano-Sudamericana en la cual las escuadras navales de ambos países combatieron juntas a la Armada Española en el Combate naval de Abtao. Tras el Combate del Callao y el retiro de la flota europea de aguas americanas en octubre del mismo año, el ministro chileno en el Perú Marcial Martínez, en cumplimiento de una ley dada por el congreso de su país, confirió al presidente peruano Mariano Ignacio Prado (el mismo en 1879) los despachos de General de División en el Ejército Chileno.^[13] Esto ha llevado a la historiografía peruana a afirmar la existencia de intereses económicos y políticas expansionistas en la clase dirigente chilena de ese entonces como verdadero motivo del estallido de la guerra.

 Batallón Nº 3 de Línea del Ejército de Chile, 

formados en columnas en la Plaza Colón de Antofagasta, 

Bolivia en 1879.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

A mediados del siglo XIX, el desierto de Atacama había adquirido un gran valor económico debido al descubrimiento de valiosos yacimientos de guano y, posteriormente, de salitre, ambos, entonces, con buena ley y buen precio en el mercado internacional.
Existen discrepancias entre los historiadores bolivianos y chilenos con respecto a si el territorio de la Audiencia de Charcas, primero dependiente del Virreinato del Perú y después del Virreinato del Río de la Plata, disponía o carecía de litoral. Apoyándose en diversos documentos, los bolivianos insisten en que lo tenía; por su parte, los chilenos lo niegan o lo ponen en duda. Al crearse la República de Bolivia en 1825, Simón Bolívar incluyó la costa de Cobija (Puerto La Mar) como parte de esta nueva república. La explotación económica de esa zona costera fue llevada a cabo por empresarios y pirquineros chilenos.
Antes del inicio de la guerra, los respectivos presidentes eran Hilarión Daza (en Bolivia), Aníbal Pinto Garmendia (en Chile) y Mariano Ignacio Prado (en el Perú). Las Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tratados de límites: el primero de ellos en 1866 (Tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile) y el segundo en 1874, junto a un protocolo complementario en 1875 (Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile). Ambos tratados fueron ratificados en su oportunidad y canjeados en Santiago y en La Paz.
De acuerdo con su preámbulo, el tratado de 1866 tenía por finalidad, "poner un término amigable y recíprocamente satisfactorio a la antigua cuestión pendiente entre ellas sobre la fijación de sus respectivos límites territoriales en el desierto de Atacama y sobre la explotación de los depósitos de huano existentes en el litoral del mismo desierto" , estableciendo en su artículo I que la frontera de los dos países sería "en adelante el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile". Asimismo, establecía una medianería en favor de ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieran sobre los minerales extraídos en aquella área.
El gobierno que depuso a Mariano Melgarejo declaró como nulos todos los actos del gobierno anterior, incluyendo los tratados de límites firmados con Chile y Bolivia. Esta declaración tensionó las relaciones con el gobierno chileno hasta la firma del Tratado de 1874, que reemplazó al de 1866. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia "El paralelo del grado 24 desde el mar hasta la cordillera de los Andes en el divortia aquarum" , estableciendo, además, en el artículo IV, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur "no excederan la cuota de la que actualmente se cobra, i las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el termino de venticinco años". Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile, que darían como resultado el tratado de 1874.